El Ayuntamiento de Torrelodones contaban en el ejercicio 2011 con una deuda con entidades bancarias de casi 14 millones de euros. A ella se sumaban pagos no contabilizados y pendientes de regularizar por importe de más de 6 millones que añadidos a los anteriores alcanzaban los 20 millones de euros. Hoy, 7 años después, unos y otros se han satisfecho y el municipio alcanza el reto de la deuda cero.
Lo más destacable de este hecho es que su consecución no se ha hecho en base a recortes, sino mediante la racionalización y el control del gasto, a lo que se ha sumado el comportamiento favorable de los ingresos. Prueba de ello es que esa consolidación de la deuda se ha realizado al tiempo que se acumulan más de 30 millones en proyectos de inversión.
La deuda no es necesariamente mala y en determinados momentos puede ser necesaria para acometer la realización de infraestructuras de entidad y necesarias para el municipio. Sin embargo, la deuda genera una enorme carga al presupuesto municipal. Así, por ejemplo, en el año 2011 la devolución de la deuda e intereses comprometía 2 millones del presupuesto municipal. Con la cancelación de los prestamos, esos recursos pueden ser destinados a otros gastos. Además la deuda tiene un elevado coste derivado del pago de intereses. Desde ese mismo año el Ayuntamiento ha abonado más de 5 millones en gastos financieros. Esa cantidad permitiría financiar, por ejemplo, la adquisición o remodelación de 1 biblioteca y un campo de futbol rugby como los que ahora se están ejecutando, o simplemente construir un segundo paso inferior bajo la A6, por poner un ejemplo.
Aun cuando ya son muchos los Ayuntamientos de todos los colores políticos que no deben ni un euro (https://blog.bankinter.com/economia/-/noticia/2016/6/14/ayuntamientos-deuda-espana-2015), todavía los hay que se encuentran en una situación crítica.
Si se observan las cuentas de los ayuntamientos españoles de forma agregada el análisis no puede ser mejor. El año pasado tuvieron un superávit conjunto del 0,6% del PIB que permitió compensar el déficit estatal, autonómico y de la Seguridad Social para cumplir las exigencias de Bruselas. Este año será algo parecido. La AIReF ha estimado en su informe de Líneas Fundamentales de los Presupuestos de 2018 de las Entidades Locales que es "muy probable" que las corporaciones locales cumplan en 2018 el objetivo de estabilidad, con un superavit en torno al 0,6%, similar al del año pasado, gracias a la potencia de los ingresos municipales y a la aplicación de la regla de gasto. Pero si la lupa va al detalle de cada consistorio, la tranquilidad desaparece.
La Autoridad Fiscal identifica en su informe nueve ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en una situación "comprometida". La deuda de todos supera el 200% de sus ingresos (es decir, deberían estar dos años sin gastar nada para eliminarla) y en muchos el período medio de pago a proveedores que la Ley limita a 30 días... se dispara por encima de los 250. Tres de estos nueve ayuntamientos son andaluces (Jerez de la Frontera, Jaén y La Línea de la Concepción), tres madrileños (Alcorcón, Parla y Navalcarnero), uno murciano (Totana), uno valenciano (Gandía) y otro leonés (San Andrés del Rabanedo). "Todos tienen un riesgo alto de sostenibilidad", como explicó la AIReF, el organismo que vela por embridar los presupuestos de las administraciones españolas. "Si la deuda supera el 75% no es posible endeudarse sin autorización y si supera el 100%, no puede pedir prestado", afirma. La deuda de estos nueve municipios, en cambio, supera el 200% de sus ingresos y en seis (todos menos Alcorcón, La Línea y Totana) se eleva por encima del 300%.
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