La liquidación del presupuesto municipal 2013 realizada por la Intervención Municipal arroja un saldo positivo de 2,1 millones de euros y cumple los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, tal como exige la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El resultado se obtiene al aplicar la diferencia entre los derechos y las obligaciones del Ayuntamiento y ha sido posible
gracias a una importante contención de los gastos durante el ejercicio, que se redujeron, desde los 26,2 millones de euros del presupuesto definitivo, hasta los 23,7 millones de euros efectivamente gastados. En lo que respecta a los derechos obtenidos por el Ayuntamiento en el ejercicio, superaron en 300.000 € los 25,4 millones de euros inicialmente previstos.
En la medida que no todos los derechos obtenidos son líquidos, el Ayuntamiento no puede emplear la totalidad de esos mayores derechos para acometer gastos. De hecho, el Remanente de Tesorería, calculado como diferencia entre los fondos y derechos líquidos y las obligaciones pendientes de pago, alcanza los 474.596€, que sí podrían ser empleados en 2014 para la cancelación del endeudamiento municipal o incluso para acometer operaciones de gasto, tal y como se realizó con los remanentes obtenidos en los ejercicios 2011 y 2012. Sin embargo el Equipo de Gobierno adoptará de nuevo una posición de moderación y cautela en la utilización de ese Remanente de Tesorería para que la caja municipal recupere su liquidez y pueda mejorar su ritmo de pagos a proveedores y cumplir con los periodos recogidos en la Ley 15/2010 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Dado el alto índice de morosidad, el Equipo de Gobierno anuncia además la intensificación de medidas para incrementar la recaudación de los saldos de dudoso cobro que alcanzan los 6,9 millones de euros, tanto procedentes de 2013 como de ejercicios anteriores. Aunque una parte de los mismos pueda provenir de deudores insolventes, el Ayuntamiento mantendrá las acciones para evitar que esas deudas prescriban e intensificará la presión sobre aquellos que sean solventes y tengan recursos para abonar las mismas. Además también se prevé introducir un plan de inspección de impuestos y tributos para luchar contra el fraude fiscal y adoptar medidas en los casos que pudiesen salir a la luz como consecuencia del mismo.
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(04/03/2014)